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martes, 16 de febrero de 2016

¿Tienen los abuelos derecho legal a tener un régimen de visitas con sus nietos?



La respuesta en si.

En ocasiones, y ante problemas familiares como la separación de los progenitores e incluso la muerte de alguno de ellos, los abuelos tienen dificultades para ver a sus nietos con cierta regularidad.  En fechas señaladas como como las fiestas navideñas, los aniversarios o las vacaciones, este problema se hace más patente, y son muchos los abuelos que se preguntan si existe algún instrumento legal para ejercer su derecho a ver a sus nietos.
Tan el Código Civil español como el Código Civil de Cataluña, parten de la base de que las relaciones entre abuelos y nietos son positivas para los menores.  Para poder ejercer este derecho tienen la posibilidad de interponer una demanda en reclamación de un régimen de visitas con los menores, lo que puede ser otorgado o denegado en el caso que haya causa justa, y en consecuencia, en caso de conflicto entre progenitores y abuelos, la posibilidad de que los progenitores se opongan al establecimiento de un régimen de visitas depende de que sean capaces de acreditar una "justa causa".
¿Y que podríamos entender como justa causa?  Toda aquella que perjudique al desarrollo y salud mental y física de los menores, que es el que se considera el interés más digno de protección.
En este sentido, recientemente, el Tribunal Supremo ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre una Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Sevilla, que denegaba las visitas entre abuelos y nietos alegando la existencia de malas relaciones con los progenitores.  Pues bien, según el Supremo, estas malas relaciones no pueden ser consideradas una "causa justa", ya que quedaría en manos de una de las partes el establecimiento de este derecho.  Tendría suficiente el progenitor alegando una mala relación con el abuelo para impedir el ejercicio de este derecho.
El procedimiento finalizará mediante una resolución que dicta el Juzgado de Primera Instancia competente, la cual determinará si se ha de conceder o no un régimen de visitas a favor de los abuelos, concretando cual es el régimen de visitas idóneo en cada caso, teniendo en consideración variables como, la edad de los menores, las relaciones existentes antes de la ruptura o si nunca hubiera habido ninguna relación previa, el régimen de visitas establecido para el progenitor no custodio, entre otras, para poder determinar la duración (días u horas de visita) o la posibilidad o no de pernocta en casa de los abuelos.

jueves, 17 de diciembre de 2015

Conciliación de la vida familiar y laboral. Se reconoce el Derecho de un padre a flexibilizar una hora su horario de entrada al trabajo para poder llevar a su hijo menor de edad a la guardería


El Juzgado de lo Social nº 13 de Madrid ha dictado una Sentencia, de fecha 23 de octubre de 2015, por la que se reconoce el Derecho de un trabajador a flexibilizar en un máximo de una hora su horario de entrada al trabajo, de lunes a viernes, para poder llevar a su hijo a la guardería.

Afirma la Sentencia que "el derecho del trabajador ha de prevalecer sobre la empresa, al ser mínima la incidencia que pudiera tener en el servicio que el trabajador ha de prestar".  Continúa diciendo que "No pueden prevalecer las dificultades organizativas alegadas por la empresa sobre la protección jurídica de la familia que han de garantizar los poderes públicos, según el art. 39.1 de la Constitución".

Asimismo, ésta concluye que corresponde a los poderes públicos velar por el respeto, protección y reconocimiento del principio de protección de los hijos.

Al tratarse de una modalidad procesal de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, la Sentencia es firme y no susceptible de recurso.

jueves, 10 de diciembre de 2015

El Papado modifica el Código de Derecho Canónico para simplificar el procedimiento de nulidad eclesiástica



La reforma que entró en vigor el pasado día 8 de diciembre cuenta con tres novedades principales:

- La declaración de nulidad del matrimonio se puede basar en una única sentencia, de carácter ejecutivo.   Ya no serán necesarias dos sentencias, es suficiente la certeza moral conseguida por el primer tribunal de conformidad con la Ley.  Si bien, los tribunales eclesiásticos que conozcan de las pretensiones de nulidad matrimonial deben estar formados por tres jueces presididos por un clérigo, y los obispos podrán designar un juez único, que también deberá ser un clérigo, para resolver sobre estas causas.  A pesar de esta potestad de delegación, los obispos mantienen su carácter de juez en estos tipos de procesos.

- Se instituye un procedimiento abreviado, tramitado delante del Obispo, para aquellos casos en que la pretensión de nulidad se presenta por ambos cónyuges o sólo por uno de ellos con el consentimiento del otro o cuando se base en argumentos particularmente evidentes, pero en estos casos el juez será el propio Obispo, para preservar el carácter de indisolubilidad del matrimonio.

- Se asegura la gratuidad del proceso.

jueves, 4 de junio de 2015

Los condenados por delito fiscal serán públicos

El Consejo de Ministros ha aprobado un Proyecto de Ley Orgánica por el que se pretende regular la publicidad de la información contenida en las Sentencias por delitos de fraude fiscal.

Esta norma permitirá que se publiquen datos relevantes contenidos en las Sentencias condenatorias por delitos fiscales contra la Hacienda Pública.

Con esta nueva norma se modificará la Ley Orgánica del Poder Judicial introduciendo un nuevo articulo que reconocerá el carácter público de las Sentencias condenatorias que tengan especial relevancia para el control fiscal.  Este carácter público afectará únicamente a las Sentencias firmes sin que quepa ya posibilidad de recurrirlas.
No se tratará de una publicación completa de las Sentencias sino únicamente de los aspectos que se considere necesarios para cumplir con la finalidad buscada de este modo se pretende salvaguardar el derecho al honor y a la intimidad así como el respeto a la protección de datos de carácter personal.

Estos datos relevantes serán publicados por los Secretarios judiciales en Boletín Oficial del Estado.